La Corte Suprema ha presentado un informe crucial sugiriendo cambios importantes en la Ley de Migración y Extranjería. El objetivo es mejorar la gestión y control de fronteras en España.
El informe también aborda la lucha contra las redes de tráfico y trata de personas. Ha sido enviado a la presidencia de la Cámara de Diputados.
Este documento marca un avance significativo en la legislación migratoria del país. Destaca la importancia de proteger las fronteras y combatir la trata de personas.
Trámite actual del proyecto de ley
El proyecto de ley “Modifica la Ley N°21325, de Migración y Extranjería” está en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Tiene carácter de urgencia.
Propuesto por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, busca restablecer el orden migratorio. También fortalece las capacidades del Estado en la gestión de fronteras.
Principales objetivos del proyecto de ley
El proyecto de ley tiene como objetivo mejorar las capacidades del Estado para gestionar y controlar las fronteras. Se enfoca en restablecer el orden migratorio y combatir las redes de tráfico y trata de personas.
La Corte Suprema enfatiza la necesidad de proteger los derechos de los menores no acompañados (NNA). Los Tribunales de Familia desempeñan un papel crucial en esta protección.
Observaciones y recomendaciones de la Corte Suprema
La Corte Suprema ha realizado observaciones sobre la ‘suspensión del procedimiento’ frente a la solicitud de expulsión inmediata de extranjeros imputados. Recomienda considerar el proyecto de ley identificado como Boletín 16.836-06.
Este proyecto aborda cuestiones similares y propone reformas que afectan la misma legislación. La Corte Suprema sugiere que ambas iniciativas sean estudiadas en conjunto.
Impacto y próximos pasos
El informe de la Corte Suprema y el debate en la Cámara de Diputados representan un progreso importante en la legislación migratoria en España. Las enmiendas propuestas buscan mejorar el control fronterizo y abordar la trata de personas.
El sistema legal se adapta así a las necesidades presentes y futuras del país en términos migratorios. Esto asegura una gestión más eficiente y humana de la migración.
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