Entre un 70 y un 80 por ciento de los solicitantes de nacionalidad española aprueban los exámenes del Instituto Cervantes necesarios para conseguirla de acuerdo al nuevo procedimiento: la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) y el diploma de español DELE.
Entre un 70 y un 80 por ciento de los solicitantes de nacionalidad española aprueban los exámenes del Instituto Cervantes necesarios para conseguirla de acuerdo al nuevo procedimiento: la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) y el diploma de español DELE.
Así lo indicó el director de Análisis y Estrategia del Instituto Cervantes, Philippe Robertet, durante el segundo Congreso de Nacionalidad Española, una cita que tuvo lugar en Madrid los días 17 y 18 de mayo y organizada por la Asociación de Inmigrantes sin Fronteras y el Grupo Aristeo que ha concentrado a un centenar de personas.
Robertet señaló la importancia de la observación en los centros de exámenes de los CCSE y DELE. «Acudimos a los centros para preguntar incidencias y es una gran fuente de información», explicó, al tiempo que señaló que Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía son las que concentran las mayores plazas de exámenes.
También avanzó que ya se está trabajando en una aplicación para móviles para hacer prácticas de examen, así como novedades en su portal de transparencia para poder obtener datos estadísticos sobre los candidatos. Los exámenes se celebran todos los meses y a los 20 días tienen los resultados.
Además, la jefa del Departamento de Promoción Comercial del Instituto Cervantes, Victoria Rubini, dio a conocer los diferentes sistemas para la atención a los usuarios y apuntó que en 2017 atendieron casi 19.000 peticiones de información y 4.700 en lo que va de 2018.
España es el segundo país en concesión de expedientes por nacionalidad, por detrás de Reino Unido, y el 71,5 por ciento de las concesiones de nacionalidad española corresponden a ciudadanos de países latinoamericanos, según ha indicado la subdirectora adjunta de Nacionalidad y Estado Civil, María del Mar López Álvarez.
López protagonizó la ponencia sobre la Nacionalidad Española por residencia y la situación de los expedientes y celebró la puesta en marcha del nuevo procedimiento, que entró en vigor en 2015, con «la posibilidad de presentación de solicitudes en sede electrónica» y las pruebas de aptitud del Instituto Cervantes, «algo fundamental» ya que «el solicitante sabe a qué se va a enfrentar y puede prepararlo».
Si bien, precisó que queda pendiente la tramitación de documentos anteriores al nuevo procedimiento, para lo que «está previsto que se apruebe una orden ministerial para las dispensas, en lugar de un real decreto». Este facilitará la tramitación de los expedientes y las dispensas pero, por ahora, todos los que no se hayan presentado vía Internet serán los más afectados por los retrasos.
También participó en la ponencia el director del LegalTeam Barcelona, Guillermo Morales Catá, quien valoró de forma positiva el nuevo procedimiento más ágil y celebró que se haya modificado la forma a la hora de valorar el nivel de integración en la sociedad de los inmigrantes. Desde su experiencia, considera que se han eliminado las «denegaciones arbitrarias por parte de los funcionarios».
Entre los participantes en el encuentro, también se encontraba la directora general de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Carolina Aisen, que se refirió a la Ley para la concesión de la nacionalidad a sefardíes, e indicó que existe disparidad de criterios de los notarios, responsables de evaluar los expedientes, y en las pruebas que hay que presentar, como el origen sefardí y la vinculación con España.
Desde que entró en vigor la nueva ley en 2015, constan casi 13.000 solicitudes y solo en lo que va de este año 2018 han registrado casi 4.100, casi las mismas que en todo el 2017, cuando fueron un total de 5.400, según explicó la jefa del Servicio de Nacionalidad de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, Ángela Herrero, quien añadió que «ahora hay una avalancha».
Además de enumerar las pruebas pertinentes para justificar el origen sefardí, señaló que cada solicitud se examina también con Policía y CNI «para comprobar la conducta cívica».
Por su parte, la abogada del ICAM y CEO de Tolentino Abogados, Neyvi Tolentino, y el genealogista Santiago Zamorano expusieron las preguntas frecuentes y dudas que se han encontrado en sus despachos y recalcaron que «no es suficiente tener apellido de familia sefardí para obtener la nacionalidad».
Por otro lado, en el seminario sobre la Proposición de Ley en materia de concesión de nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de españoles, los profesionales abordaron la ley de Memoria Histórica. El doctor en Derecho y Ciencia Política y asesor de Inmigración en Sagardoy Abogados, Danthe Menes, indicó que son «1,8 millones de españoles fuera del país» y que hay «275.000 descendientes de españoles que no han podido acceder a la nacionalidad española».
Así, denunció las carencias que tiene la Ley de Memoria Histórica, que impide conceder la nacionalidad en cuatro supuestos: a los nietos de mujeres españolas casadas con un no español antes de 1938, algo que, a su juicio, «supone una discriminación por sexo porque las mujeres no tenían derecho a dar en herencia la nacionalidad»; a los hijos mayores de edad de las personas que obtuvieron la nacionalidad de origen; a los nietos de los españoles que se vieron obligados a emigrar y a aceptar la nacionalidad del país de destino; y a los españoles que, ostentando la nacionalidad no la han ratificado con el tiempo y la han perdido.
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