Sefarditas, sefardíes en México
En el último año se incrementaron considerablemente las solicitudes para obtener la nacionalidad española por parte de mexicanos descendientes de los judíos sefardíes expulsados de la península por los Reyes Católicos, hace cinco siglos. En cuatro años, 17 mil descendientes de sefardíes en México solicitaron nacionalidad española por esta vía.
Lo hacen bajo el amparo de la Ley 12/2015, una legislación de reparación histórica que España aprobó el 24 de junio de 2015, pero cuya vigencia concluye este martes 1 de octubre.
Fuentes diplomáticas y miembros de la comunidad sefardí estiman que las solicitudes de México podrían alcanzar las 17 mil; particularmente de la Ciudad de México, Monterrey y de San Pedro Garza García, municipio nuevoleonés que tiene una de las mayores concentraciones de descendientes sefardíes, conocidos como cripto-judíos.
Isaac Querub Caro, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, decía ante el rey Felipe VI, en un acto tras la entrada en vigor de la norma el 1 de octubre de 2015; que esta ley “deroga definitivamente el infame Edicto de Expulsión (de marzo de 1492); cerrando un ciclo histórico de más de 500 años. Con esta ley, España rinde homenaje a la memoria de sus hijos injustamente expulsados hace cinco siglos y abraza a sus descendientes integrándoles de nuevo en su seno materno”.
Añadía que “la no renuncia a la nacionalidad de origen o la amplitud de los medios de prueba animan a miles de sefardíes que, a veces por razones prácticas y en ocasiones por motivos emocionales, anhelan alcanzar una ciudadanía largamente esperada”.
Reconoció que a esas motivaciones iniciales también se suma su preocupación por la crisis de violencia que se vive en México.
Por separado, un empresario nuevoleonés que habló a condición de no citar su nombre coincide en que “mi motivación principal es el profundo deseo por restablecer el vínculo con España, tierra de nuestros antepasados”.
Y, en su caso, añade: “esta posibilidad coincide en el tiempo con mi preocupación, compartida por un grupo de amigos igualmente solicitantes de la nacionalidad, por algunas de las políticas del presidente (Andrés Manuel) López Obrador. Apoyo su idea de combatir la corrupción, pero me preocupa el tema de la economía”.
Por último, sostiene que, “yo mantendré mi vida empresarial en México, pero honestamente quiero darle nuevas alternativas a mi familia”.
El Ministerio de Justicia español informó a este semanario que, del 1 de octubre de 2015 al 31 de agosto de 2019, había concedido la nacionalidad española a 768 expedientes de ciudadanos mexicanos en el marco de la citada norma.
Asimismo, hasta el 31 de agosto tiene registrados otros 6 mil 795 expedientes de mexicanos solicitantes cuya resolución está en curso.
La abogada Neyvi Tolentino, directora de Tolentino Abogados, sostiene que, en el último año y medio de vigencia de la ley, se produjo un incremento de solicitudes. Sin embargo, consideró particularmente notorio el caso de solicitantes mexicanos, que habían mostrado un interés bastante limitado en los dos primeros años de la norma.
Al preguntarle si ese crecimiento podría llegar a las 17 mil, como lo informan fuentes diplomáticas y en círculos sefardíes, la jurista lo considera razonable de cara al volumen de peticiones y consultas que recibe su propio despacho, afincado en Madrid, y el despacho LHO, su socio en México.
“Nuestro despacho, especializado en temas migratorios y de nacionalización, tiene hasta ahora –13 de septiembre— alrededor de 400 expedientes en tramitación, de los cuales 320 son de mexicanos. Puedo explicar que se trata de expedientes en los que se incluye al descendiente sefardí, al que se suman los hijos, en algunos casos incluso hasta a los nietos, es decir, son expedientes familiares como nosotros los gestionamos”, dice.
A su vez, la Subdirección de Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes, entidad responsable de aplicar la prueba CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), requisito indispensable para gestionar la solicitud de nacionalidad española para sefardíes, informó a este semanario que, desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 4 de septiembre de 2019, se aplicó dicha prueba a 78 mil 63 aspirantes de todos los países, de los cuales 19 mil 589 son de nacionalidad mexicana.
Las propias cifras del Instituto Cervantes muestran la creciente evolución en la aplicación de las pruebas CCSE a nacionales mexicanos, ya que entre enero y diciembre de 2016 se examinaron solo 197 mexicanos; el siguiente año subió a 850; en 2018 ascendió a 4 mil 386 y de enero al 4 de septiembre de este año 14 mil 156 mexicanos presentaron la prueba.
El Instituto Cervantes informa que del universo de 19 mil 589 mexicanos, 17 mil 309 se examinaron en México: en la Ciudad de México se aplicaron 8 mil 132 pruebas; 3 mil 321 en la ciudad de Monterrey y 5 mil 856 en el municipio de San Pedro Garza García. Los 2 mil 280 restantes se examinaron en la sede del Cervantes en Madrid.
El reportero pidió a un abogado español especializado en temas migratorios, quien pidió no ser identificado; cuyo despacho gestiona casos de descendientes sefardíes solicitantes, valorara las cifras antes citadas, y concluyó que:
“demuestran el enorme interés en el último año o año y medio entre los descendientes asentados en México por gestionar su nacionalidad ante la finalización de la vigencia de esta ley (12/2015)”.
“Las cifras de Justicia son expedientes completos, es decir, que cumplieron en su totalidad los requisitos del procedimiento; pero los datos del Cervantes reflejan ese enorme volumen de gente interesada en gestionar la nacionalidad en esta etapa final; si vemos que solo en estos meses se aplicaron 14 mil 156 pruebas a mexicanos”, dice.
El 24 de junio de 2015, las Cortes españolas (Congreso de los Diputados y Senado) aprobaron por unanimidad la ley 12/2015 en materia de concesión de nacionalidad española los sefardíes de origen de España.
La iniciativa fue presentada al Parlamento por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; aunque era una idea impulsada mucho tiempo antes por la comunidad judía y por la propia Corona Española.
Se trataba de hacer una reparación histórica a la expulsión masiva de judíos sefardíes como consecuencia del Edicto de Granada; de marzo de 1492, promulgado por los Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla; que daba a los judíos un plazo de cuatro meses para convertirse al cristianismo o abandonar sus reinos.
Esto, a pesar de la antiquísima presencia judía en España y Portugal; ya que las primera comunidades hebreas en la península precedieron a la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén; en 70 d.C., incluso hay historiadores que ubican a los “primeros pioneros” mucho tiempo antes.
Algunos historiadores estiman que unos 50 mil sefardíes se bautizaron conforme al rito católico; 70 mil más fueron parte de la diáspora, pero volvieron tiempo después alegando haberse bautizado en el extranjero y unos 80 mil emigraron definitivamente.
Estos últimos emigraron a Francia, al norte de África y al territorio del imperio turco otomano. Un reducido grupo de sefardíes se sumaron a la expedición de Cristóbal Colón; que partió en agosto de 1492, mismo año del edicto de Granada.
Los primeros judíos llegan en 1519 al actual territorio de México acompañando a Hernán Cortés. Entre ellos estaban el militar luso español de origen sefardí Alberto del Canto y Luis de Carvajal. Ambos hicieron sendos intentos por fundar lo que hoy es Monterrey; pero fracasaron al ser encarcelados por la Santa Inquisición, pese a la distancia que habían puesto de por medio de la capital de la Nueva España. Del Canto es fundador, eso sí, de Saltillo, en 1555.
El fundador definitivo de Monterrey fue Don Diego de Montemayor, en septiembre de 1596. Ese asentamiento dio pie a la fundación de otras ciudades de la zona; como San Nicolás (1603), Apodaca (1605), Santa Catarina (1615), Escobedo (1624) o Guadalupe (1627). El predecesor del estado del estado de Nuevo León se denominó el Nuevo Reino de León.
En España, tres lustros después de la muerte del dictador Francisco Franco; la comunidad judía desarrolló una intensa labor con las instituciones españolas para lograr una reconocimiento o protección a los descendientes de la diáspora sefardí.
“Sefarad (hoy España) no es ya una nostalgia sino un hogar; en el que no debe decirse que los judíos se sienten como en su propia casa porque los hispanos judíos están en su propia casa”.
Veinte años después, el 22 de noviembre de 2012, los ministros de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y de Exteriores, José Manuel García Margallo; presentaron en el Centro Sefarad Israel de Madrid; la propuesta de modificación del Código Civil por la cual los descendientes de los judíos fueron expulsados de España en 1492; podrían optar a la nacionalidad española por carta de naturaleza, recuerda la Federación de Comunidades Judías de España en su sitio de internet.
Gallardón señaló ahí que era una iniciativa de “reencuentro” y va dirigida a todos “los que han sido injustamente privados de su nacionalidad y han recreado a través del afecto una España que nunca se resignaron a perder y que a partir de ahora es tan suya como nuestra, en lo que al derecho se refiere”.
El 30 de noviembre de 2015, ante la comunidad judía, el rey Felipe VI dijo en un discurso de reparación:
“¡Cuánto los hemos echado de menos!”; al señalar que la legislación recién entrada en vigor representa “una nueva y definitiva apertura de las puertas de España a los hijos de Sefarad”.
Se dijo orgulloso, como Jefe de Estado; poder sancionar esta norma, que representa escribir “una página de la historia con la ley que permitirá a los sefardíes originarios de España obtener la nacionalidad española de forma plena y en igualdad”.
Tras mostrar su satisfacción con la norma, Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España; recordaba que años antes había pedido al gobierno español una cierta protección legal hacia los sefardíes que viven en Turquía o Venezuela; precisamente, cuando estas comunidades sufrían un cierto hostigamiento en ambos países y; en el caso de Venezuela, cuando la crisis política y social se agudizaba cada vez más.
Pero la respuesta inicial fue limitada. Incluso, el diario El País, en una información titulaba: “Los sefardíes dan la espalda a su ley”. Se refería a que, hasta el fin del plazo inicial del 1 de octubre de 2018; solo 3 mil 843 judíos habían obtenido la nacionalidad bajo el amparo de la citada ley.
El número se incrementaba a 8 mil 365 si se sumaban las 4 mil 520 nacionalizaciones aprobadas al amparo de otros dos decretos distintos y que estaban en distintas fases de tramitación cuando entró en vigor la norma 12/2015.
En 2018, cuando el Senado español discutía ampliar un año la vigencia de la ley, hasta el 1 de octubre 2019; la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés informó en la Comisión de Justicia; que las peticiones eran inicialmente menores a las esperadas, y que los solicitantes eran, principalmente; de Israel, Turquía, Venezuela, Colombia y México. De México hubo inicialmente solo 146 expedientes aprobados y, hacia octubre de 2018 se habían aprobado 503 expedientes. Seguían destacando los casos de Turquía (2,693) y Venezuela (1,487).
Como todos los solicitantes, Guerra de Luna tuvo que confirmar el linaje judío sefardí con una prueba genealógica; en su caso –al igual que muchos solicitantes de Monterrey y San Pedro Garza García—es descendiente del capitán Blas María de la Garza Falcón Treviño; nacido en Real de Mapimí (actualmente Durango), en abril de 1590 y fallecido en Monterrey el 21 de febrero de 1669. El documento cita aparte de sus hermanos, medios hermanos, un linaje de cinco hijos varones y doce mujeres.
La prueba genealógica –algunas se remontan hasta 17 generaciones— son enviadas a la Federación de Comunidades Judías en España para ser avalada con los padrones de expulsados de la península. El reportero tuvo acceso a algunos de los certificados firmados por el presidente de las FCJE, Querub Caro, indispensables para la tramitación de los expedientes.
Los solicitantes tienen que demostrar vínculos con España, como tener familia en el país, haber habitado o haber cursado estudios. Aprobar la prueba de historia y cultura general que aplica el Instituto Cervantes; una carta de no antecedentes penales y una fe publica emitida por un notario español en el que muestran su interés por vivir en España.
Una vez que el expediente es examinado y aprobado, el solicitante hará la “jura ante el Rey”; con lo cual obtiene un acta, el DNI (documento de identidad) y el pasaporte español.
Algunos solicitantes incluso han realizado importantes donaciones importantes a la comunidad judía española, al museo Thyssen o realizado operaciones inmobiliarias en España.
Fuente:
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