El Congreso de España ha decidido posponer la ley de regularización de extranjeros y otras legislaciones clave hasta septiembre. Esto ocurre a pesar de haber dado luz verde a la tramitación de una iniciativa popular que busca regularizar a unos 500,000 extranjeros residentes en el país. Esta medida, destinada a garantizar derechos plenos a quienes aportan a la economía nacional, ha generado críticas por su aplazamiento, denunciado por Sumar como una paralización injustificada de un proyecto crucial respaldado por más de 700,000 firmas y 900 asociaciones.
El periodo ordinario de sesiones del Congreso concluye el 30 de junio, con la posibilidad de sesiones extraordinarias en julio para la aprobación de decretos y leyes pendientes. La decisión de aplazar el debate sobre la regularización de extranjeros hasta septiembre cuenta con un amplio respaldo en el Congreso, tras el acuerdo entre PSOE y PP para extender los plazos de enmiendas hasta principios del mismo mes.
Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y secretario primero de la Mesa, expresó en rueda de prensa su decepción por la unión de socialistas y populares para paralizar una ley que considera «fundamental» para asegurar que «muchas personas que contribuyen a la economía puedan hacerlo con todos sus derechos garantizados».
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