Los participantes en el seminario sobre la Proposición de Ley en materia de concesión de nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de españoles, celebrado en el marco del 2º Congreso de Nacionalidad Española, abordaron las carencias en la Ley de Memoria Histórica de la mano de Danthe Menes, doctor en Derecho y Ciencia Política y asesor de Inmigración en Sagardoy Abogados, que señaló la gran cifra que supone la diáspora española en el exterior: “Son 1,8 millones de españoles fuera del país y hay 275.000 descendientes de españoles que no han podido acceder a la nacionalidad española”.
Teniendo estos datos en cuenta:
Se denunció las carencias que tiene la Ley de Memoria Histórica, que impide conceder la nacionalidad en cuatro supuestos: a los nietos de mujeres españolas casadas con un no español antes de 1938, algo que “supone una discriminación por sexo porque las mujeres no tenían derecho a dar en herencia la nacionalidad”; pero también quedan a un lado los hijos mayores de edad de las personas que obtuvieron la nacionalidad de origen; los nietos de los españoles que se vieron obligados a emigrar y a aceptar la nacionalidad del país de destino, cuyos hijos y nietos “ya no son españoles porque sus padres se han nacionalizado en otro país”; y españoles que, ostentando la nacionalidad no la han ratificado con el tiempo y la perdían.
Menes explicó su trabajo con los partidos políticos, a los que ha solicitado revisar esta ley para impulsar una nueva que recoja todos los supuestos sin ningún tipo de discriminación como tienen otros países como Italia o Portugal, a la vez que mandó un mensaje al Gobierno: “España ha sido siempre un lugar de inmigrantes y eso es algo que el gobierno tendría que tener en cuenta y no dar la espalda a estos descendientes en el exterior”.
También Eduardo Velázquez, coordinador de la Federación de Exterior de Izquierda Unida, se refirió a estos cuatro supuestos y, siguiendo la idea de Menes, aseguró que «España se ha dejado una parte muy importante de sí misma fuera de sus fronteras» con esta ley. Este, como representante político, defendió el respaldo de su partido a esta Proposición de Ley porque «es una cuestión de justicia garantizar la nacionalidad de quienes huyeron de nuestro país escapando de la miseria y la persecución política».
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Velázquez aseguró que:
“Según el INE, 76.197 personas se registraron en el PERE durante 2017, luego la emigración española sigue aumentando. Y eso es solo una parte, porque mucha gente no se inscribe en los consulados”. Si bien lamentó que en año y medio no se haya conseguido llevar a votación la nueva ley, confía en que tarde o temprano se lleve a cabo porque “el hecho de garantizar la nacionalidad española a más personas garantizaría un crecimiento social, económico y vitales para la España del futuro”.
Por su parte, la catedrática en Derecho Internacional Privado Aurelia Álvarez recordó en su intervención que la primera ley de Inmigración en España nació en 1971 y la última data de 2006. “Entre ese tiempo solo ha habido parches en el Código Civil”, señaló. Álvarez también participó en la mesa redonda ‘La nacionalidad Española, materia en constante movimiento’, que clausuró el Congreso y en la que estuvo Guillermo Morales, CEO de Legal Team; junto a Carlos Mateo, abogado del ICAM, y Rosa Durán, letrada de ICAH.
Este Congreso, organizado por la Asociación de Inmigrantes sin Fronteras y el Grupo Aristeo, ha concentrado a un centenar de personas con el objetivo de dar a conocer las novedades en todo lo relacionado a la obtención de la nacionalidad española.
Instituto Cervantes
En este marco, el Instituto Cervantes presentó las novedades en las pruebas CCSE y DELE, así como las estadísticas y la dispensa. Victoria Rubini, jefa del Departamento de Promoción Comercial, dio a conocer los diferentes sistemas para la atención a los usuarios. “El proyecto se basa en tres pilares fundamentales: la web, el Centro de Atención al Usuario (CAU) y la atención telefónica”, señaló. Si bien esta última es una herramienta secundaria, el CAU es la más imprescindible para atender las incidencias y solicitudes de información de los usuarios. “Cada mes y medio analizamos el tipo de incidencias que surgen y las estudiamos para tomar decisiones.
Solo en 2017 atendimos casi 19.000 peticiones y en lo que va de año van 4.700”. El director de Análisis y Estrategia, Philippe Robertet; quiso añadir a esos pilares la celebración de congresos y la observación en los centros de exámenes de los CCSE y DELE. “Acudimos a los centros para preguntar incidencias y es una gran fuente de información”, explicó. Con los datos en la mano, Robertet apuntó una cifra de aptos en los exámenes CCSE y DELE en un 70-80%. Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía son las que concentran las mayores plazas de exámenes, siendo el grueso mucho mayor en Cataluña. Robertet avanzó que ya se está trabajando en una APP para móviles para hacer prácticas de examen; así como novedades en su portal de transparencia para poder obtener datos estadísticos sobre los candidatos.
Wendy Garrido, abogada de Garrido abogados, destacó el buen funcionamiento de los exámenes tras la implantación del nuevo procedimiento de nacionalidad. “Ésta es la única parte del procedimiento nuevo que funciona. Los exámenes se celebran todos los meses y a los 20 días tenemos los resultados”, señaló.
“Tener un apellido de familia sefardí no garantiza obtener la nacionalidad”
Carolina Aisen, directora general de la Federación de Comunidades Judías de España; inició la segunda jornada del congreso con la ponencia marco sobre la Nacionalidad Española para los sefardíes. En su exposición valoró de forma muy positiva la nueva ley de Nacionalidad; aunque destacó la complejidad del procedimiento para los solicitantes dada la disparidad de criterios de los notarios, responsables de evaluar los expedientes, y en las pruebas que hay que presentar; como el origen sefardí y la vinculación con España. “Esto genera que los expedientes se retrasen mucho”, destacó. Desde la Federación, explicó, se encargan tanto de la emisión de certificados de origen sefardí y de ayudar en la tramitación de expedientes. “Hemos pedido que no tenga fin esta ley para que todo descendiente expulsado por su origen judío pueda volver a España”, sentenció.
También participó la jefa del Servicio de Nacionalidad de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, Ángela Herrero, para explicar el procedimiento para su obtención una vez que llegan a la plataforma las peticiones.
“Constan casi 13.000 solicitudes en total desde la nueva ley de 2015. Ahora hay una avalancha y en solo cuatro meses que llevamos de año ya se han registrado casi 4.100; casi las mismas que todo el año anterior; que alcanzan los 5.400”. Además de enumerar las pruebas pertinentes para justificar el origen sefardí, señaló que cada solicitud se examina también con Policía y CNI “para comprobar también la conducta cívica”.
Por su parte:
Tanto Neyvi Tolentino, abogada del ICAM y CEO de Tolentino Abogados; como el genealogista Santiago Zamorano expusieron las preguntas frecuentes y dudas que se han encontrado en sus despachos y recalcaron; que “no es suficiente tener apellido de familia sefardí para obtener la nacionalidad”, ya que es una de las consultas frecuentes.
Fuente: Crónicas de la Emigración
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