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El Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española han suscrito un acuerdo por el que los abogados quedan habilitados para tramitar solicitudes electrónicas de nacionalidad por residencia, como ya se hiciera con los procuradores y los gestores administrativos.

El acuerdo ha sido rubricado hoy en el Ministerio de Justicia por el titular de este departamento, Rafael Catalá, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

El convenio tiene como objetivo el desarrollo de actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos los servicios de información, asistencia y consulta en la presentación de la documentación necesaria para la gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia. En España se tramitan anualmente unos 150.000 expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia.

Con este acuerdo el Consejo General de la Abogacía estará habilitado para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados y regulará los procedimientos y requisitos para la remisión telemática de la documentación debidamente conformada.

Procedimiento de solicitudes electrónicas

Este acuerdo se inscribe en el marco de una estrategia dirigida a canalizar en la medida de lo posible las solicitudes de nacionalidad por residencia del nuevo procedimiento a través de colectivos profesionales.

En este sentido establece la obligación de garantizar por parte del Consejo un control previo de las solicitudes. Asegurándose de que solo se incorporen al sistema aquellas solicitudes electrónicas que a priori cumplan las condiciones e incluyan toda la documentación exigible.

Ello redundará en un menor tiempo de tramitación pues limitará los casos en que sea necesario requerir al interesado para que aporte documentación adicional. Además, facilitará la calificación de los expedientes.

Algo que ya se fijo en un modelo general de convenio al que se adapta el hoy suscrito al igual que los dos firmados anteriormente con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y con el Consejo General de Procuradores.

Además, también está previsto su posible extensión a otros colectivos como el Consejo General de Economistas.

Naturaleza administrativa

El convenio tiene naturaleza administrativo. Por lo tanto está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Y, no genera obligaciones económicas entre las partes. Si bien el Consejo asume los gastos e inversiones que origine su cumplimiento.

El Ministerio de Justicia no regula los honorarios que los abogados perciban de quienes decidan recurrir a sus servicios. Esto queda fuera de su ámbito de competencia.

Para permitir la remisión telemática de la documentación de los expedientes el Consejo General de la Abogacía ha desarrollado una plataforma técnica que permite al abogado tramitar con su carné las solicitudes de expedientes de nacionalidad. Allí puede subir a la web del Ministerio de Justicia la documentación preceptiva en formato telemático.

Los colegios de abogados adheridos al convenio extenderán un certificado de revisión colegial. El mismo acompañará a cada solicitud. Indicará que concurren todos los requisitos exigidos por la Dirección General de los Registros y del Notariado.

La Abogacía estima que gracias a este convenio se agilizarán y reducirán los plazos de las gestiones. Ya que los ciudadanos elegirán abogados para gestionar sus expedientes de adquisición de nacionalidad.

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