El nacimiento de un derecho en el que los judíos sefardíes puedan ser reconocidos hasta ahora como españoles por ius sanguinis tiene un largo trayecto histórico que se originó hace más de 500 años.
En 1492, bajo el edicto de Granada, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón exigieron a los judíos sefardíes que se encontraban en España el abandono de la península si no se convertían al cristianismo.
Así, meses después, miles de judíos salieron del país y la mayoría se asentaron en el norte de África, en Turquía (Imperio Otomano) y en la región de Los Balcanes. Sin embargo, muchos otros también viajaron hasta América, concretamente a Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, México, Colombia y República Dominicana.
Hoy son muchos los que mantienen su unión con la cultura española, especialmente mediante el idioma.
En 2015, como una forma de disculpa hacia los miles de expulsados, el gobierno español presidido por Mariano Rajoy, dio luz verde a una ley que pudiera devolver a tantos sefardíes y descendientes de ellos un derecho de sangre que se les arrebató en su momento.
En una primera instancia, la posibilidad de acceder a la ciudadanía española tenía prevista una vigencia hasta el 2018. Sin embargo, se decidió prorrogar la ley hasta octubre del año 2019.
La ley 12/2015, del 24 de junio, finalizó definitivamente el día 1 de octubre de 2019 y se cerró con aproximadamente 127.000 solicitudes registradas. Más de la mitad, esto es 67.000, se registraron en el último mes, de las cuales más de 10.000 fueron en el último fin de semana.
Su objetivo principal fue de constituirse como un perdón hacia los miles de judíos sefardíes que hace años fueron expulsados del territorio español.
Actualmente, existen muchos ciudadanos residentes y originarios, en su mayoría, de países iberoamericanos que han encontrado en la ascendencia sefardí una posibilidad de acceso a la nacionalidad española. Su principal objetivo es poder adquirir un pasaporte español, empujados especialmente por las malas condiciones de vida actuales de sus países de residencia.
En este sentido, aunque el trámite se hace altamente costoso, el interesado puede lograr la nacionalidad española sin tener que perder o renunciar a la otra ciudadanía que ya posea.
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